Estado Empresario:falsas premisas

Susana Jiménez

Hay quienes justifican la incursión estatal en la actividad productiva en la existencia de una rentabilidad social superior a la privada. En estos casos, el Estado cumpliría un rol social que busca satisfacer necesidades superiores de la nación que las empresas privadas teóricamente no estarían dispuestas a ofrecer. Ello impondría dos desafíos: consumar su función pública y asegurar una gestión eficiente que maximice la rentabilidad de los recursos públicos invertidos.

Es legítimo preguntarse si las empresas públicas chilenas cumplen realmente con un rol social y si lo hacen eficientemente. El Estado en Chile participa en diversas actividades, como la portuaria, transporte público, minería, correo, juegos de azar, televisión, y un largo etcétera, basada en las razones más variopintas. Últimamente, ha surgido una nueva, la necesidad de promover la competencia en los mercados; motivo esgrimido tanto en la ampliación el giro de Enap y Metro, como en la creación de una AFP estatal.

Mala excusa. Primero, porque se trata de mercados que históricamente se han desarrollado sobre la base de la iniciativa privada y donde sigue existiendo interés por desarrollar nuevos proyectos. Basta escuchar a la propia autoridad decir, con motivo de la próxima licitación eléctrica, “no tenemos duda que acá va a haber una alta participación”, para constatar que no era necesario que el Estado incursionara en este mercado.

En segundo lugar, es falso pretender que las empresas estatales compiten en igualdad de condiciones con el sector privado. El contar con el aval explícito o implícito del Estado les permite acceder a los mercados de capitales a tasas muy inferiores, lo cual ha significado incluso mantener vivas empresas estatales cuyo prontuario financiero, en condiciones normales, las habría llevado anticipadamente a la quiebra.

Lo cierto es que las empresas públicas se crean y preservan con fines muy distintos a su pretendida función social, gastando enormes recursos que carecen de suficiente control por tener una propiedad excesivamente diluida, y que además podrían tener una mayor rentabilidad social si se destinaran a otros fines.

Sería, por tanto, deseable avanzar hacia un sistema donde, identificado el rol social (si lo hubiere), se calculara el costo de proveerlo, y luego hubiera una instancia para discernir entre los usos alternativos de esos recursos públicos. Un Sistema de Empresas Públicas modernizado podría servir para tales efectos. Se debieran además evaluar otras opciones para cumplir de manera más eficiente con los objetivos buscados, como sería una buena regulación que atraiga inversión privada, y la aplicación de subsidios focalizados.

Desde el punto de vista de la gestión, un buen test de mercado sería abrir parte de la compañía a la bolsa, creando -si fuera necesario- una estructura donde el Estado mantenga el control de la compañía y pueda acceder a financiamiento privado. Esta es mejor opción que capitalizar indiscriminadamente las empresas estatales con recursos de todos, sin que medie una real evaluación de la rentabilidad de sus proyectos.